Los vendedores acusan a la Policía Municipal de un desalojo violento ocurrido mientras operaban sus negocios en la «Playa de Miramar» y aunque habían recibido una primera suspensión luego se les retira
Redacción/COSA JUZGADA SONORA
HERMOSILLO, Son. – Un grupo de comerciantes que operan en las playas de Miramar y San Carlos han solicitado un amparo en contra de acciones de desalojo de que fueron víctimas por parte del Ayuntamiento de Guaymas, que dirige la alcaldesa Karla Córdova.
De acuerdo con el expediente número 1862/2025 radicado en el Juzgado Primero de Distrito de Sonora los vendedores pidieron la demanda el 2 de septiembre de este año.
Los comerciantes reclaman los actos de molestia y perturbación, uso de la fuerza agresiva y desposeimiento de un inmueble, incautación, desposesión y/o confiscación, omisión de ejercer oficio de comerciante, omisión de proteger, promover y apoyar el turismo.
Los comerciantes que hicieron el reclamo son los vendedores Carlos Fong Kee Wilson, Blanca Janeth Barrera Zavala, Francisco José González Hernández, Miguel Ángel Cruz Catarino, Jorge Portillo Garzón, Luisa Epifania Barrios Alvarado, Jesús Daniel Lara Ibarra, Anselmo Lara Lázaro, José Arturo Gastélum Pérez, María Jesús Pérez Pérez, Apolonio Ariel Arana Briceño, Amelia Lucía Gastélum Pérez, Carlos Gilberto Montaño Catzin, Diana Lorena Gastelum Pérez, Saira Yaret Tomás Donato, Pedro Damián Gurrola Suenaga, Humberto Mellin Parra, y Alisje Yuleida Amarillas Rojas, quienes pertenecen a la Unión de Vendedores Ambulantes y Prestadores de Servicios para Uso y Aprovechamiento de Zona Federal Marítima en las Playas de Guaymas, Sonora.
En su demanda los vendedores sostienen que han recibido actos de molestia y perturbación a vendedores ambulantes para poder desarrollar su trabajo de comercio consistente en venta de productos en la playa Miramar de Guaymas, Sonora, así como la playa Algodones, de San Carlos, Nuevo Guaymas.
Sostienen que los agentes policiacos usaron la fuerza pública fuera de procedimiento para sacarlos de las playas antes citadas, donde se dedican a vender productos y ofrecer servicios de renta de carpas y mesas, entre otros servicios.
Agregan que los agentes policiacos les quitaron también las estructuras armables de acero para sombras, mesas de madera y sillas.
El 3 de septiembre pasado la todavía Jueza Primera de Distrito, Jesús Karina Almada Rábago, concedió la Suspensión Provisional a los comerciantes.
Sin embargo, en una posterior determinación, dictada el 3 de septiembre de este año, el tribunal federal revirtió la decisión de consideró que debía cancelarse la Suspensión Provisional.
En una determinación dictada por el entonces Secretario del Juzgado Primero de Distrito, quien hacía funciones de Juez de Distrito por ausencia de la ahora ex titular lmada Rábago consideró que no se habían considerado requisitos necesarios.
«… Debe estimarse que el acto recurrido es contrario al artículo 124 de la Ley de Amparo, puesto que el Juez a quo no tomó en consideración, al otorgar la suspensión provisional, que para el desarrollo de la actividad del quejoso, se requiere, como se dijo, de la cédula de empadronamiento respectiva, y, que, al no demostrarse la existencia de tal documento, es evidente que se contrarían disposiciones de orden público, como lo es el Reglamento de Mercados del Distrito Federal, y también de interés social…», argumentó el funcionario judicial para soportar su acuerdo.
Recordó que la sociedad está interesada en que se cumpla con tal ordenamiento.
Esto, aclaró, no prejuzga sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que esas cuestiones sólo pueden analizarse y determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información.
Sobre estos hechos el tribunal federal notificó el 12 de septiembre que recibió los informes rendidos por varias autoridades.
Entre ellas estaba el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, el Titular de la Oficina de Representación en Sonora de la Secretaría de Medio Ambiente en Sonora, la Directora General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en representación de la Secretaría de Economía y Turismo, la Síndico Municipal de Guaymas, Sonora, en representación de la Presidenta Municipal de Guaymas, Sonora, del Ayuntamiento de Guaymas y el Secretario del Ayuntamiento de Guaymas, así como la Directora de Desarrollo Económico y Turístico, del mismo Ayuntamiento de Guaymas, y de la Encargada de Despacho de la Coordinación de Vendedores Ambulantes del Ayuntamiento de Guaymas.
El retraso en la entrega de los informes de las autoridades vinculadas en el caso ha obligado al retraso.
Por ello la nueva Jueza Primera de Distrito, Yadira Guadalupe Dórame Enríquez, fijó para el 26 de noviembre la celebración de la llamada Audiencia Constitucional del caso.
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El caso
+ Demandante: Carlos Fong Kee Wilson y otros
+ Demandado: Ayuntamiento de Guaymas.
+ Tribunal: Juzgado Primero de Distrito de Sonora.
+ Titular: Yadira Guadalupe Dórame Enríquez.
+ Número de expediente: 1862/2025.
+ Inicio del juicio: 2 de septiembre del 2025.
+ Acto reclamado: Uso excesivo de fuerza pública y desalojo de sus sitios de venta.
+ Primer fallo relevante: El 3 de septiembre la entonces Jueza Primera de Distrito, Jesús Karina Almada Rábago, otorgó una Suspensión Provisional a los comerciantes, pero el fallo fue después revertido.
Fuente: órgano de Administración Judicial.
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La protagonista
+ Nombre: Unión de Vendedores Ambulantes y Prestadores de Servicios para Uso y Aprovechamiento de Zona Federal Marítima en las Playas de Guaymas, Sonora
+ Giro. Comercio.
+ Origen: Guaymas, Sonora.
