La empresa propiedad de la Familia Zaragoza considera que la aplicación de un cobro de una sobretasa al gravamen es inconstitucional; se lo niegan
Redacción/COSA JUZGADA BC
MEXICALI, BC.– La empresa «Gas Butano Propano de Baja California», propiedad de la Familia Zaragoza, no quiere pagar el cobro de una sobretasa de 1% al Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISRTP), mejor conocido como «Impuesto Sobre Nóminas».
De acuerdo con el expediente número 401/2024, radicado en el Juzgado Primero de Distrito de Baja California, la compañía solicitó la protección de la justicia federal el 15 de marzo del 2024.
El reclamo se hizo contra el Congreso del Estado, instancia legislativa que aprobó el incremento en diciembre del 2023.
En específico, el reclamo se hizo contra la promulgación y expedición de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año 2024, la cual quedó establecida en el Decreto No. 361, en el que se reforma el artículo 151-16 de la Ley de Hacienda.
En esa reforma se estableció que el cobro del «Impuesto Sobre Nóminas» se elevaría 1% para quedar en 4.25%.
El objeto del ISRTP son las erogaciones por concepto de remuneración al trabajo personal bajo la dirección o dependencia de un tercero, prestado dentro del territorio del Estado de Baja California.
En el caso de la entidad, antes de esta reforma, el artículo 151-16 de la Ley establecía que la tasa sería determinada por la Ley de Ingresos del Estado, manteniéndose durante muchos años en una tasa de 1.80%.
Los argumentos de los abogados promoventes de la demanda se destaca que este aumento es injustificado y desproporcionado, además de que hay varios precedentes de “sobretasas” al ISRTP que se declararon inconstitucionales en ejercicios fiscales pasados, precisamente por no tener una justificación.
Dichas sobretasas iban del 1.20% al 1.25%.
En uno de los primeros acuerdos, dictado el 8 de abril de 2024, el tribunal federal decidió otorgar la Suspensión Definitiva a Gas Butano Propano de Baja California.
La notificación fue entregada al abogado de la empresa, Edgar Pascual García.
Luego de ello, la empresa solicitó autorización para que un perito presentara un dictamen contable en el proceso legal y éste fue autorizado por la jueza Morales Ahumada.
Para ello se solicitó, el 23 de abril del 2024, a la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Baja California y al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con el fin de que informen si cuentan con profesionistas que pudieran dar auxilio en ese tema.
Mientras eso ocurría, la empresa presentó al perito Raúl Chairez Jiménez como posible perito para llevar a cabo el trabajo.
Sin embargo, la discusión sobre la operación de un perito en el proceso siguió en los siguientes meses:
El 14 de mayo del 2024, el Director General del Servicio de Administración Tributaria de Baja California designó a Raúl Ruiz Elías como el perito para el juicio, y éste aceptó el cargo.
Contrario a ello, el Presidente General del Colegio de Contadores Públicos de Mexicali, informó que estaba imposibilitado para designar perito en materia de contabilidad.
Y un poco antes, el 6 de mayo, la UABC y el poder Judicial de Baja California negaron poder ofrecer ese servicio.
Ante ello, el Juzgado Primero de Distrito decidió que se debería tomar un especialista en materia contable del listado de peritos incluidos en ante ese tribunal.
Entonces se identificaron a seis profesionistas en Contabilidad y se eligió a Moisés Cervantes Pérez y se le invitó a presentarse y decidir si aceptaba el encargo.
Al mismo tiempo, el tribunal federal requirió a los peritos Raúl Chairez Jiménez y Raúl Ruíz Elías para que dentro del término de diez días, legalmente computados, rindan el dictamen que se les encomendó.
Luego de todo ello, el 30 de junio de este año, el tribunal federal resolvió no conceder el amparo y así lo notificó al abogado Edgar Pascual García.
