• El Juzgado Primero de Distrito de Sonora concedió una Suspensión Provisional al hombre de negocios para evitar su arresto dentro de un proceso penal llevado por el Juzgado Oral Penal de Hermosillo
Redacción/COSA JUZGADA SONORA
HERMOSILLO, Son.- El empresario Juan Carlos Díaz Quintanar, socio de varias de las empresas relevantes de Sonora, solicitó un amparo contra un posible arresto.
La petición deriva de una investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia de Sonora y que luego se judicializa ante el Juez de Control del Distrito Judicial 1 de Hermosillo.
De acuerdo con el número de expediente 963/2026 radicado en el Juzgado Primero de Distrito de Sonora, la solicitud de los abogados del empresario se hizo el 5 de junio de este año.
El reclamo se hizo en contra de varias autoridades judiciales y ministeriales.
Entre ellos el Juez de Control del Distrito Judicial Uno de Hermosillo, el Juez de Control del Distrito Judicial Seis de Guaymas, el Juez de Control del Distrito Judicial Ocho de Caborca, el Juez de Control del Distrito Judicial Tres de Nogales y el Juez de Control del Distrito Judicial Dos de Obregón.
En el caso de las autoridades ministeriales la petición se hizo contra posibles actos del Fiscal y/o agente del Ministerio Público Investigadores encargados de las Unidades Especializadas en el Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de Hermosillo, el Fiscal y/o agente del Ministerio Público en Centro de Atención Temprana Especializado en Delitos de Querella, el Fiscal y/o agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos, el Fiscal General de Justicia en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, además del Comisario General de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, con residencia en esta ciudad, el Jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal Encargado de la Base Operativa de esta ciudad de Hermosillo, además del Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo y el Comisario General de la Coordinación Estatal de la Policía Estatal de Seguridad Pública.
La Jueza Primera de Distrito, Yadira Guadalupe Dórame Enríquez, decidió conceder el 9 de junio pasado una Suspensión Provisional a favor de Díaz Quintanar.
«En ese sentido… se concede la suspensión provisional del acto que reclama la persona quejosa del Juez Oral -sistema adversarial- (en este caso Juan Carlos Díaz Quintanar)…», confirmó la juzgadora en esa fecha.
Sin embargo, agregó, que estaba condicionada a que si la orden de aprehensión se emitió en relación con un delito de prisión preventiva oficiosa, los efectos de la suspensión se contraen a que, en caso de que Díaz Quintanar sea detenido y quede a disposición del Juzgado Primero de Distrito en el lugar donde sea recluido.
Ello implicaría que la autoridad competente, en este caso el Juez Oral Penal, también conozca del caso.
La concesión de la Suspensión Provisional significa que el caso se mantenga en el estado en que se encuentra, entre ella la no detención de Díaz Quintanar.
«Se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y no sea privado de su libertad personal en relación con la orden reclamada, hasta en tanto las autoridades responsables reciban la notificación sobre la suspensión definitiva, sin perjuicio de la práctica de diligencias en el procedimiento de investigación de delitos, el que es de orden público y, por tanto, insuspendible», precisa el acuerdo emitido en esta fecha.
Advirtió además que la Suspensión Provisional concedida no surtirá efecto si el empresario es sorprendido cometiendo un delito de manera flagrante y tampoco si la orden de arresto proviene de autoridades distintas a las señaladas como responsables en la demanda de amparo.
El expediente federal no especifica el delito por el cual el empresario está encauzado.
DIFIEREN AUDIENCIA
Ante el retraso en la recepción de los informes de las autoridades contra las que se ha solicitado el amparo la Jueza decidió aplazar la Audiencia Incidental para el próximo 30 de junio de este año.
«… Dicha audiencia se difirió para dar oportunidad a que sean emplazadas las autoridades foráneas, razón por la cual resulta materialmente imposible su desahogo y por consecuencia realizar el pronunciamiento correspondiente dentro del término de 5 días, lo anterior debido al tiempo normal que implica notificar las determinaciones por correo…», justificó la Jueza Dórame Enríquez al emitir el acuerdo.
