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El copropietario de la empresa financiera “Progreso Sólido” recibe un amparo de la Jueza Primera de Distrito de Sonora, que ordena su libertad atendiendo un fallo dictado por el Cuarto Tribunal Colegiado; el financiero fue demandado por Moisés Zazueta Gastélum por presunto fraude específico
Redacción/COSA JUZGADA SONORA
HERMOSILLO, SONORA.— El financiero Carlos Martín Soto Durazo, quien estaba detenido tras ser aprehendido por presunto fraude específico, fue liberado.
La Jueza Primera de Distrito de Sonora, Yadira Guadalupe Dórame Enríquez, ordenó el 11 de febrero la libertad del empresario financiero.
El fallo fue dictado en esa fecha dentro del proceso legal número 106/2026.
La sentencia se dictó con efectos restitutorios, es decir, fue liberado tal y como estaba antes del 28 de enero de este año, en que fue detenido de nuevo, mientras estaba retenido en su domicilio mientras atendía el proceso legal.
El procesado, sin embargo, deberá presentarse ante el Juez Oral Penal cuando éste reclame su presencia, además de presentarse cada semana para firmar el cuaderno de registro, exhibir una garantía económica y otras que considere la Jueza de Distrito en tanto se emite una sentencia definitiva.
Para conceder la libertad bajo fianza, la Jueza solicitó al detenido pagar una fianza de $2 millones de pesos, tal y como lo habían sugerido los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado que concedieron la razón al detenido tras interponer una queja.
En su sentencia, la Jueza recordó que el detenido había sido notificado desde el 9 de diciembre de 2025, mediante un citatorio emitido por el Juez Oral Penal de Hermosillo, de estar siendo acusado de fraude específico por el empresario Moisés Zazueta Gastélum.
Por los hechos se abrió la causa penal número 7518/2025.
Esa causa fue la que derivó en su arresto el 28 de enero de este año.
Tras el arresto, el detenido solicitó un amparo contra el arresto.
El 29 de enero la Jueza Primera de Distrito decidió concederle una suspensión provisional, pero sostuvo que debía mantenerse detenido por la posibilidad de eludir a la justicia.
Por los hechos, el detenido interpuso un recurso de queja que fue revisado por el Cuarto Tribunal Colegiado, el cual determinó que la aplicación de la prisión preventiva era excesiva y debía ser liberado mediante la fijación de una fianza.
Los hechos por los que se le acusa son un presunto adeudo no cubierto de $34 millones de pesos, aunque su defensa presentó documentos que confirman que ha retornado $24 millones.
